Ana García, esposa de Juan Orlando Hernández, conocido por sus iniciales JOH, ha anunciado la apertura de una cuenta de GoFundMe con el objetivo de recaudar fondos para la defensa legal del exmandatario en Estados Unidos.
La familia Hernández solicita 300 mil dólares, equivalentes a más de 7 millones de lempiras, a los ciudadanos hondureños.
Este no es solo un hecho insólito, sino también insultante, considerando las graves acusaciones de narcotráfico y corrupción que pesan sobre Hernández.
Es irónico que la familia Hernández, acusada de enriquecerse ilícitamente a expensas del pueblo hondureño, ahora busque apoyo financiero de aquellos a quienes supuestamente han defraudado.
La descripción de la campaña en GoFundMe, que habla de una supuesta persecución e injusticia, y la insistencia en la inocencia de Hernández, contrasta fuertemente con la realidad de las acusaciones formuladas contra él.
La familia presenta una narrativa de victimización, alegando la incautación de bienes y patrimonio, y sugiere un desequilibrio en el juicio al comparar los recursos de la fiscalía con los de su defensa legal.
Esta solicitud de fondos no solo parece una táctica desesperada para evadir la responsabilidad legal y moral, sino que también subestima la inteligencia y el juicio crítico de los hondureños.
La implicación de que los ciudadanos comunes deberían financiar la defensa de una figura política envuelta en escándalos de corrupción es desafortunada. Además, la invocación de la fe y la bendición divina en la campaña parece un intento de manipulación emocional y espiritual para ganar simpatía y soporte financiero.