El reciente levantamiento en el Congreso por parte de la bancada del Partido Nacional ha levantado miradas escépticas de diversos sectores. Hay quienes interpretan estas manifestaciones como un intento de ese partido de obstruir la elección de un nuevo Fiscal General.
La preocupación crece, ya que un número considerable de exdiputados, diputados actuales y otros exfuncionarios públicos tienen asuntos sin resolver relacionados con acusaciones de corrupción. La derogación de los pactos de impunidad y la elección de un nuevo Fiscal General pintan un futuro incierto para estos individuos.
En medio del tumulto en el Congreso, la figura del diputado Nelson Márquez Euceda se ha destacado considerablemente. Su papel activo, impetuoso, violento en las protestas ha impedido el desarrollo regular de varias sesiones parlamentarias.
Pero lo que más ha llamado la atención es el hecho de que Selvin Sadi Márquez Euceda, hermano del mencionado diputado y regidor de la municipalidad de Intibucá, recientemente ha sido objeto de una solicitud de antejuicio presentada por la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP), el cual fue declarado «Con Lugar» .
Al hermano del diputado se le supone responsable de malversación de caudales públicos. Según la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), Selvin Márquez extrajo materiales del almacén central de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) en noviembre del 2017, destinados para un proyecto en Intibucá.
Sin embargo, en una inspección en abril de 2021 se verificó que dicho proyecto nunca fue llevado a cabo, y los materiales, cuyo valor ascendió a 722,083 lempiras y 55 centavos, no han sido localizados, representando una pérdida para el Estado.
Este escenario plantea preguntas esenciales sobre la integridad y transparencia de los diputados en protesta y la influencia de intereses personales en la obstrucción de procesos de alto impacto para el país.