La diputada del Partido Nacional, Merary Díaz Molina, fue objeto de una grave acusación pública por parte del Director del Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (Injupemp), Amable de Jesús Hernández.
Hernández señaló a Díaz Molina como la responsable de un fraude masivo en la contratación de personal durante su gestión como directora de la antigua Dirección General del Servicio Civil.
Estas contrataciones, realizadas sin el presupuesto necesario y de manera apresurada, provocaron un daño significativo a las arcas del Estado, particularmente al presupuesto de salud, con un impacto negativo estimado en un 25%.
La denuncia de Hernández se produce en un contexto de cambio dentro del Ministerio Público, con un nuevo Fiscal General cuyo nombramiento parece representar una amenaza para aquellos funcionarios implicados en actos de corrupción bajo la administración anterior.
Este cambio es notable ya que el nuevo fiscal no pertenece al Partido Nacional, sino que fue designado por el Partido Libre, actualmente en el poder, lo que sugiere una posible ruptura con prácticas pasadas de impunidad.
La controversia en torno a Díaz Molina salió a la luz pública en el pasado mes de marzo, cuando la Comisión Interventora de la Dirección General del Servicio Civil reveló la contratación de más de 10 mil empleados en el último mes de la administración anterior, sin cumplir con los requisitos necesarios para los puestos.
Este hallazgo, que fue remitido a la Presidenta Xiomara Castro, plantea serias preguntas sobre el futuro de estos empleados, muchos de los cuales todavía ocupan cargos gubernamentales.
La diputada Díaz Molina está en el centro de esta tormenta administrativa, enfrentando acusaciones de haber causado un perjuicio considerable al Estado hondureño.
Instituciones clave como Salud, Educación, Finanzas, Gobernación, Migración y Senasa figuran entre las más afectadas por las alegadas contrataciones irregulares que tuvieron lugar entre diciembre de 2021 y enero de 2022, justo antes de que la presidenta Castro asumiera el poder.