Documentos poco conocidos sobre el caso del ex policía Juan Manuel Ávila Meza revelan los peligros que enfrentan algunos abogados en Honduras al aceptar trabajar para criminales de alto perfil, atraídos por grandes sumas de dinero. Este caso demuestra cómo algunos profesionales del derecho se aventuran en terrenos peligrosos al defender figuras del crimen organizado, arriesgando no solo su reputación, sino también sus vidas.
Entre los involucrados en esta historia se encuentran los renombrados abogados Marlon Duarte y Dagoberto Aspra, ambos con destacadas trayectorias en el ámbito legal. Estos abogados fueron contratados para representar los intereses de Devis Leonel Rivera Maradiaga, uno de los líderes más notorios del crimen organizado en Honduras.
Los documentos detallan cómo, a partir de septiembre de 2013, tras las sanciones impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos, los líderes del clan Rivera Maradiaga buscaron desesperadamente la ayuda de los mejores abogados para evitar la confiscación de sus bienes.
El 19 de septiembre de 2013, las sanciones de la OFAC contra los Rivera Maradiaga se hicieron públicas. Ante la inminente amenaza de incautación de propiedades, los líderes del cartel, preocupados, solicitaron a Juan Manuel Ávila Meza, quien ya trabajaba para ellos, encontrar abogados capacitados para proteger su imperio.
Así fue como Ávila Meza conectó con Carlos Alberto Valladares Zúñiga, un influyente ex oficial de la Policía Nacional y abogado de confianza del cartel. Valladares, quien también había sido jefe de la Dirección Nacional de Investigación Criminal, sirvió como el enlace clave entre los Rivera Maradiaga y los abogados.
A finales de 2013, Ávila Meza logró reclutar a Marlon Duarte, quien rápidamente aceptó el caso. Posteriormente, Dagoberto Aspra se unió a la defensa de los intereses del clan.
En una reunión realizada en diciembre de ese año en San Pedro Sula, Marlon Duarte fue presentado ante Javier Rivera Maradiaga, uno de los líderes del cartel, en una casa fuertemente vigilada. Durante la reunión, Duarte recibió la tarea de evitar la incautación de propiedades clave, como el Zoológico Joya Grande, a cambio de un pago inicial de 50,000 dólares.
Semanas después, Dagoberto Aspra fue contactado para participar en una reunión con Devis Rivera Maradiaga en San Pedro Sula, donde el abogado negoció un pago de 300,000 dólares por sus servicios, tras haber solicitado inicialmente 1 millón de dólares.
Como pago inicial, el abogado Aspra recibió 50 mil dólares, de los cuales entregó 20 mil a Ávila Meza como comisión por involucrarlo en el caso.
Sin embargo, las tensiones se hicieron palpables cuando Aspra fue nombrado jefe de la Unidad de Investigación del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) a inicios de 2014, lo que lo llevó a cortar lazos con el cartel. Esto desató la ira de Devis Rivera Maradiaga, quien exigía la devolución del dinero pagado.
A través de intermediarios como Valladares y ávila Meza, Devis Rivera Maradiaga envió mensajes amenazantes exigiendo que Aspra devolviera el dinero o sería asesinado.
En respuesta, Aspra devolvió 30 mil dólares, ya que había entregado 20 mil dólares a Ávila Meza, quien quedó en una situación peligrosa, debiendo dinero al líder del cartel. Ávila, presionado por el miedo, logró mediar una solución recuperando una deuda pendiente que otra persona le debía a Devis Rivera Maradiaga, lo que le permitió saldar su deuda y ganarse nuevamente la confianza del cartel.
Este caso pone de relieve el peligroso juego en el que se ven envueltos algunos abogados hondureños al defender a criminales de alto perfil, un trabajo que va más allá de los tribunales y entra en el oscuro mundo de las amenazas, el poder y el crimen organizado.
