Una grabación revelada por Pro-Honduras Network implica al magistrado Luis Fernando Padilla Castellanos en la coordinación de sobornos para afectar el resultado del caso «Pacto de Impunidad» o «Fe de Erratas».
Este caso se centró en acusaciones contra Antonio Rivera Callejas y otros diputados del Partido Nacional.
Rivera Callejas fue acusado por falsificación de documentos públicos y delitos contra la forma de gobierno, cargos de los cuales fue absuelto el 24 de enero de 2019.
La filtración de este audio añade una capa de complejidad al caso, evidenciando que se habrían realizado esfuerzos para asegurar de manera indebida el sobreseimiento de los cargos contra Rivera Callejas a través de sobornos a funcionarios judiciales.
El audio implica directamente a Padilla Castellanos en la solicitud de fondos ilícitos para supuestamente influir en el proceso judicial a favor de Rivera Callejas.
En la conversación, Padilla Castellanos parece solicitar un soborno a Rivera Callejas destinado a un funcionario judicial que podría intervenir en su caso, a lo cual Rivera Callejas accede.
En el audio, Padilla Castellanos expresa: «Esta persona, usted sabe que ahí es bien importante donde está ubicada. Entonces, para posteriores cuestiones sería bueno tenerla ahí, para ver si usted así lo considera, darle alguito a ella».
«Claro que sí», responde Rivera Callejas.
«Entonces ahí cuando nos miremos, para hacerle llegar una papadita aunque sea», agrega Padilla Castellanos.
«Démosle hoy», manifiesta Rivera Callejas
«Mire, yo estoy en Trujillo, sería el lunes», informa Padilla Castellanos.
«Dele, el lunes, excelente», finaliza Rivera Callejas.
El caso «Pacto de Impunidad» o «Fe de Erratas» se originó cuando la Ufecic presentó requerimiento fiscal en el caso «Red de Diputados» en contra de cinco excongresistas implicados en el presunto desvío de fondos sociales.
Mientras la audiencia inicial estaba en trámite, el Congreso modificó por adición la ley de presupuesto, en la que se incluyeron disposiciones distintas a las aprobadas en el pleno de diputados, las cuales imposibilitaban iniciar investigaciones contra funcionarios que hubieran manejado fondos públicos, mientras no culminara la investigación administrativa del Tribunal Superior de Cuentas.
La enmienda fue suscrita por Antonio Rivera Callejas, en su condición de presidente del Congreso Nacional. La autorización se realizó a pesar de contener la reforma, una versión que no fue discutida ni aprobada en el pleno.